INE difiere el censo hasta 2024 y provoca una ola de rechazo

Cándido Tancara Castillo   / La Paz 

El Instituto Nacional de Estadística  (INE) anunció ayer que el censo de población y vivienda se realizará en 2024, pues su preparación técnica y logística necesita al menos  tres años y medio, cuyo proceso puede empezar este año si se aprueba una norma y se garantizan recursos económicos. 

Este diferimiento generó una ola de rechazo a nivel nacional de legisladores opositores y oficialistas, al extremo que autoridades electas de Santa Cruz se declararon en emergencia y algunos analistas y políticos dijeron que la postergación pretende evitar el debate del pacto fiscal o redistribución de recursos económicos, y también la reasignación de escaños para las próximas elecciones generales.

“Lo que estamos imponiendo aquí en el INE es un plazo técnico muy reducido. Estamos hablando de 2024 si sólo  se dan las condiciones financieras, logísticas y técnicas aprobadas, destacando que este proyecto censal es un proyecto técnico, no es un proyecto de dimensión política como lo quieren hacer ver algunos conservadores y analistas”, informó el director del INE, Humberto Arandia. Anunció que el INE tendrá un proyecto concluido del censo al finalizar el primer semestre de 2021;  después se buscará financiamiento estatal y externo, sólo después de este logro se puede iniciar el trabajo preparatorio.

Antioco Cala, concejal de El Alto,    sostuvo ayer que “sería un grave atentado si se consolida la postergación”. “No creo que la población acepte la intención del Gobierno (de aplazar el censo)...  ojalá esto sólo sea un discurso”.

Javier Tarqui, también concejal alteño,    explicó que El Alto recibe transferencias del nivel central para una población de 840 mil personas y no así para los 1.089.126, de acuerdo con las proyecciones del INE, y donde la pobreza afecta al 36% de sus habitantes, según el reporte del censo 2012. Afirmó que este 2021 no se recibirá “cerca de 400 millones de bolivianos, de 1.800 millones del presupuesto 2020 y este año serán 1.400 millones; hay una reducción y hay más población”.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que esta  región  se declara en emergencia y dijo que buscará coordinar con el movimiento cívico para exigir el censo. “Ante esa arbitrariedad nos declaramos en emergencia y empezaremos una coordinación con el movimiento cívico de todo el país” y “con las instituciones representativas de cada departamento y con la ciudadanía, para rechazar este intento del gobierno centralista del MAS”, dijo.

Afirmó que “este retraso de tres años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800 mil habitantes más que viven en nuestra tierra desde 2012” y “postergar tres años el censo equivale a la confiscación de facto de recursos que corresponden a las regiones”. Camacho protestó contra “el gobierno del MAS que ya tiene un mal antecedente; el anterior censo lo postergó un año, debió realizarse en 2011 y lo hizo en 2012”.

Arandia informó que los tres años y medio que requiere el INE para preparar el censo es un tema técnico. “Comenzamos el proyecto censal a principios de 2019, incluso el documento (estaba) a finales del 2018, pero la paralización el INE durante el 2020, con cuatro directores distintos, que no realizaron secuenciación lógica, eso ocasionó un retraso del censo en 2023, pero ahora estamos hablando de un año perdido producto de la pandemia (de la Covid en 2020)”.

El alcalde electo de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, rechazó la decisión del INE por “bloquear el desarrollo de Santa Cruz y de toda Bolivia”.

 Publicó un comunicado en el que señala que “nos declaramos en emergencia y advertimos que tomaremos las medidas y acciones necesarias para impedir que siga postergando el desarrollo y progreso de nuestra región”.  

En el texto,  Fernández  rechaza los argumentos de las “limitaciones operativas del INE” y explica que hay experiencias, como en Paraguay, Guatemala y República Dominicana, donde “demuestran que un censo puede organizarse y ejecutarse en un año”.

Rechazo unánime

Yuri Miranda, exdirector del INE,  explicó que no hay ninguna norma legal que diga que se debe realizar cada 10 años, pero de acuerdo con organismos internacionales que hacen comparaciones de crecimiento y disminución de población, pobreza, educación, los censos se deben realizar al término de una década. “La idea es que se hagan en tiempo parecido y los censos tienen que ser comparables intertemporalmente; no hay ley y técnicamente se recomienda cada 10 años porque en ese tiempo cambia la demografía”.

Walthy Egüez, diputado de Creemos,   sostuvo que el Gobierno postergó el censo para evitar la discusión del pacto fiscal. “Como le ha ido muy mal en las elecciones subregionales donde no tiene el manejo de los gobiernos departamentales y de muchos municipios, ellos no quieren distribuir el dinero, no quieren un verdadero pacto fiscal”, añadió.

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana,  dijo que el Gobierno al postergar el censo perjudica al país. “Nos preocupa, nos alarma porque no sólo incumple la ley, esto debe ser cada 10 años y toca el 2022; es necesario en varios ámbitos nacionales para orientar la política social, economía y sobre todo el tema fiscal y electoral; se necesita actualizar y redistribuir la cartografía electoral para las próximas elecciones generales, el 2024 no habrá tiempo y parece una argucia del MAS”.

El diputado Sandro Ramírez,  del MAS, dijo que la postergación del censo debe ser explicada por el INE a las organizaciones sociales. “Seguramente va a llevar una reacción en nuestras organizaciones, creo que van a explicar, no a los diputados sino a nuestras organizaciones sociales;  ellas no van a poder entender esta situación porque dentro de cada 10 años siempre se ha visto en el tema económico sino también en los propios escaños, las elecciones. Creo que habrá una reacción contraria”.

Jerjes Mercado, diputado oficialista,  afirmó: “Creo que tenemos que hacerlo cada 10 años, como dice la normativa; hay departamentos que crecen en población más que otros; la ley de coparticipación tributaria hace distribución en función de la población y los escaños se distribuyen en función de la población”.
 

Ven que Gobierno no quiere tocar temas sensibles

Javier Tarqui, concejal alteño,   dijo ayer que la postergación del censo en 2022 o un año después,  pretende evitar “tocar temas sensibles que le pueden traer niveles de conflictividad social, porque aborda el pacto fiscal y escaños y todo va relacionado” con el crecimiento o disminución de la población en el país.

En esa línea, el analista en temas económicos Alberto Bonandona dijo que “aparentemente se quiere mantener la misma distribución de recursos que se tiene hasta el momento con el último censo (2012)”. Dijo que hay razones políticas y no técnicas en la postergación. “Es muy difícil que se animen los gobernantes a hacer un pacto fiscal, dadas las circunstancias. Hay disminución de recursos, no se tienen recursos como en el período del auge (2007-2014) y la economía está en situación muy delicada y por tanto el censo se tiene que postergar no por razones técnicas sino políticas”.

El vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez, sugirió a los municipios que crecieron proponer compensación en años previos al censo para atender necesidades de su población. “No habrá obras en los municipios que tienen más población;  en las capitales hay pérdidas, es una pérdida para el departamento de Santa Cruz como 850 millones de bolivianos al año; los que más pierden son los municipios que crecen en población”.

Explicó que “Santa Cruz es la ciudad más grande y los municipios aledaños como Warnes, La Guardia, Montero pierden. Los que no crecen no pierden pero los que crecen pierden, porque reciben a migrantes y es necesario que haya algún mecanismo de compensación”. El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que el gobierno del MAS “incumplió el mandato de la Ley Marco de Autonomías que establecía que en 2013 se debería haber logrado un pacto fiscal”.