El gobierno busca pacificar la región de Arcopongo

Después de haber transcurrido más de seis días de que se produjera un violento enfrentamiento entre socios de dos cooperativas que se disputan la explotación aurífera en la región de Arcopongo, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, el Gobierno convocó a las partes en conflicto a un proceso de diálogo que permita encontrar una solución.

El ministro de Minería, César Navarro, reveló que una comisión de su despacho y de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue enviada al lugar para recabar toda la información sobre el conflicto y convocar a un encuentro en la ciudad de La Paz.

La autoridad advirtió de que este tipo de hechos no deben repetirse, por lo que pretende encontrar una solución definitiva al conflicto que ya tenía antecedentes, pero nadie le dio importancia.

ABREN UNA QUERELLA. Según informó la Cadena A, el ministro Navarro mencionó que no se puede prohibir que se desarrolle la actividad minera, "la comunidad no puede ser pasiva, mientras otros se enriquezcan y tampoco puede prohibir que se desarrolle la actividad minera. Conversaremos, ha ido una comisión del Ministerio de Minería, Comibol y de la Gobernación para que traiga toda la información y se está convocando para que podamos instalar el diálogo en la ciudad de La Paz para tener una solución estructural".

Las fricciones entre las cooperativas Ullakaya Condorini y Palma Flor se iniciaron el sábado 17 de mayo y se supone que el enfrentamiento, con armas de fuego, se produjo al día siguiente con el saldo de dos personas fallecidas y varios heridos, aunque todavía resta esperar la confirmación de una tercera víctima, cuyo cuerpo es reclamado por su familia.

La organización de la cooperativa minera Palma Flor tiene varias observaciones, porque logró en tiempo récord la autorización y su Personería Jurídica, por lo que el abogado de la otra cooperativa, Eduardo León, informó que presentó una querella penal contra la diputada oficialista, Julia Figueredo, que representa al departamento de La Paz, y a la suplente por Potosí Gladys Vargas Escóbar, además del asambleísta departamental Juan Marca Poma y el viceministro de Cooperativas Juan Tiburcio Aguilar, por su presunta responsabilidad en los hechos del pasado fin de semana.

El abogado responsabilizó a las cuatro personas, porque asegura que en menos de 72 horas consiguieron a la mencionada cooperativa su autorización y la Personería Jurídica para operar en la región paceña distante a más de 262 kilómetros de la sede de Gobierno.

Según los documentos al que accedió este medio, la diputada suplente Gladys Vargas Escóbar figura en la lista de 27 socios de la cooperativa Palma Flor, que se fundó en marzo de 2013 y en julio de ese año recibió su personería jurídica en un acto en el que participó junto al Viceministro.