Manfred, Arias y Camacho, los más enjuiciados y Mamani el más salvado

Esa tendencia en los casos, según los analistas, muestra que la judicialización de la política es utilizada para “acallar voces críticas” y frenar eventuales liderazgos que pueden emerger desde las regiones.

Un relevamiento en torno a demandas interpuestas contra autoridades subnacionales da cuenta que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que representa a la oposición, es el que más procesos acumula: 18 en total. Le sigue el alcalde de La Paz, Iván Arias, con 13 juicios; y luego el gobernador de Santa Cruz, Luis Fenando Camacho, con cinco demandas.

En cambio, el gobernador de Potosí Jhonny Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), está entre los que tiene apenas un proceso en su contra y el que más veces ha sido salvado por la justicia porque su audiencia cautelar se ha postergado ya por cinco veces.



Esa tendencia en los casos, según los analistas, muestra que la judicialización de la política es utilizada desde el oficialismo para “acallar voces críticas” y frenar eventuales liderazgos que emerjan desde las regiones.

Uno a uno

El abogado que representa a Reyes Villa, Ronald Pinto, declaró a Página Siete que la autoridad afronta 18 querellas. Fue demandado por los casos represa Quecoma, puente Sacambaya, “El Sillar” y presuntas irregularidades en el Parque Integración. La mayoría son casos relacionados de cuando era prefecto del departamento, hace más de 10 años.

“Son 16 procesos que le reactivaron cuando era prefecto y cuando ni estaba en Bolivia y al llegar acá le abrieron tres procesos, uno ya fue rechazado. Los casos son por el parque del Sud, el equipamiento del parque del Sud, el Alcalde no tiene nada que ver con equipamiento. Éste y otros procesos fueron presentados por el diputado Héctor Arce (MAS)”, explicó Pinto.

A Manfred le sigue Arias, con 13 procesos en contra. José Gonzales, director de Asuntos Jurídico de la Alcaldía de La Paz, detalló a este medio que, del total, 10 denuncias están relacionadas con casos de cuando Arias fungía como ministro de Obras Públicas, y que tres son procesos vinculados con su puesto actual.

Entre las querellas de cuando fue ministro está la denuncia por una presunta designación irregular. Entre las demandas que le interpusieron ya como alcalde está la denuncia por no promulgar a tiempo una ley.

“Hay procesos de presunta conducta antieconómica, resoluciones contrarias al Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y otros. Los concejales del MAS le pusieron una denuncia por no promulgar leyes inconstitucionales que propusieron”, comentó el jurista.

Juan Carlos Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó a este rotativo que su patrocinado tiene cinco procesos, tres en su calidad de excívico por el supuesto “golpe de Estado”, y dos en su calidad de autoridad departamental, interpuestos por el diputado masista Rolando Cuéllar.

“En La Paz, tiene procesos y en Santa Cruz dos, los tres son por el supuesto golpe. En Santa Cruz es uno por el carro bombero y otro por presunto ultraje a los símbolos patrios. Los de Santa Cruz lo interpuso Rolando Cuéllar”, añadió el jurista.

Según datos del Sistema Judicial, cursan cuatro denuncias en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe. Se lo acusa por los presuntos delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad ideológica. Recientemente, la Fiscalía lo sobreseyó en el caso de consumo de bebidas alcohólicas en ambientes de la Gobernación.

En marzo de este año, la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que hay cinco denuncias contra el alcalde potosino, Jhonny Llally, por la presunta compra irregular de alimentos para estudiantes, nombramientos ilegales, incumplimiento a resoluciones y otros.

El director de Comunicación de la Alcaldía de Tarija, Yasser Casal, dio a conocer a este medio que el alcalde Jhonny Torres tiene tres denuncias, las cuales fueron interpuestas por personas ligadas al MAS.

“Jhonny pedía diálogo por la Ley 1386, y hubo un paro, pero le han abierto un proceso por sedición, por pedir diálogo. En el segundo proceso lo acusa Tamer Medina, exrepresentante del Consejo de la Magistratura y paladín del MAS, por el puente 4 de Julio y el Alcalde no inició esta obra. El tercero es por daños a la propiedad pública; se hizo un convenio con la Policía para derrumbar los edificios que estaba a punto de caer. El comandante empezó a construir una pared, la población tumba dos filas de ladrillo y la Fiscalía le inicia un proceso al Alcalde”, enfatizó.

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, en respuesta escrita a este medio de comunicación, dio a conocer que tiene tres procesos en su contra.

Lissa Claro, diputada de Potosí de Comunidad Ciudadana, aseveró que el gobernador Mamani sólo tiene un proceso por el caso de las 41 ambulancias. El 20 de septiembre se conoció que la Fiscalía desestimó la denuncia contra Mamani por la compra de cinco vehículos usados para la Policía.

En el caso ambulancias, ya suman cinco las veces en las que se suspendió la audiencia de medidas cautelares en contra de Mamani y otros sindicados.

El alcalde de Trinidad (Beni), Crithian Cámara, tiene dos querellas en contra. En octubre de 2021 fue denunciado por una concejala por acoso político. En marzo de 2022 fue procesado por la supuesta comisión de delitos en la contratación de una empresa de aseo.

El director jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz, Erwin Tapia, señaló que el alcalde Jhonny Fernández tiene al menos una denuncia, que fue recientemente interpuesta por concejales de Comunidad Autonómica, por las losetas. “De estos procesos nos hemos enterado por los medios, estamos a la espera de que nos notifiquen”, sostuvo.

El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, tiene una denuncia por supuestos actos de corrupción, en el que se le acusa favorecer a una empresa con la adjudicación para la compra de motorizados. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, según una revisión hemerográfica, tiene una demanda.

El 2021 cursaba una demanda laboral contra el gobernador de Pando, Regis Richter, por el “Subsidio de Frontera”. En agosto del 2021, la jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de Cobija, Laura Vásquez, emitió un mandamiento de apremio, a través del cual se instó a pagar a la autoridad la suma de 25.347 bolivianos a Freddy Rojas.

Isaac Mauricio, director general de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de El Alto, afirmó que la alcaldesa Eva Copa “no tiene ninguna denuncia”. El relevamiento realizado muestra que el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, tampoco tiene denuncias.

No se pudo constatar alguna denuncia actual en contra de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis. El gobernador y alcalde de Oruro, Jhonny Vedia y Adhemar Wilcarani, no tienen procesos penales abiertos.

Procesos y judicialización

El analista político José Orlando Peralta indicó que el Gobierno neutraliza a autoridades regionales de oposición con procesos. Agregó que también es una estrategia para anular futuras candidaturas.

“La judicialización de la política muestra una tendencia. Vemos que Reyes Villa es quien acumula la mayor cantidad de procesos. Quizá ven un potencial rival político y a futuro lo querrán anular. Al resto, que son de oposición, con los procesos, los tienen controlados”, aseveró.

El cientista político Carlos Cordero sostuvo que el MAS judicializa la política porque viene de corrientes de izquierda que combatían la democracia con grupos guerrilleros, y es por eso que a cargo del Estado se hace uso de las instituciones para perseguir a sus rivales políticos.

“La justicia ocupa el lugar de las FFAA, en esto de la represión y del control por parte del Estado en contra de autoridades y grupos de oposición. Esto es una práctica de los gobiernos populistas de izquierda. La denuncia en contra de autoridades de la oposición, que tienen posibilidad de proyectarse o de reelección, tiene como fin anularlos en los próximos comicios”, dijo.

Cordero comentó que las autoridades subnacionales acumulan procesos en base a la proyección que puedan tener para una posible reelección en sus regiones o puedan apuntar a nivel nacional. A su vez, indicó que es la muestra de que la justicia en el país no es independiente y que el presidente Luis Arce faltó a la verdad en EEUU, cuando dijo que en Bolivia “no existe ningún tipo de supeditación de la justicia”.

“La judicialización muestra una tendencia. Vemos que Manfred es quien acumula la mayor cantidad de procesos”.
José Orlando Peralta

“La justicia ocupa el lugar de las Fuerzas Armadas, en esto de la represión y del control por parte del Estado”.
Carlos Cordero
“Ellos quieren acallar liderazgos, y frenar liderazgos y la gestión que puedan hacer. Los dejan mal parados”.

María Cristina Viscarra
Viscarra: Judicialización es castigo y escarmiento a opositores

María Cristina Viscarra, comunicadora social y analista, argumentó que los procesos en contra de autoridades regionales de oposición son “un castigo y escarmiento” que el MAS quiere dejar como precedente, por ganarles espacios que ellos aspiraban.

“Ellos quieren acallar liderazgos, quieren frenar liderazgos y la gestión que puedan hacer y los dejan mal parados (...). Las denuncias son un castigo y escarmiento por haberlos vencido en las elecciones subnacionales. Con esto, dan el mensaje de que el día de mañana todo aquel que quiera postular a un cargo electivo, tiene que saber cuáles son las consecuencias y son los juicios”, complementó.

Viscarra aseveró que el oficialismo desplaza a operadores políticos, ya sean concejales, diputados, asambleístas o funcionarios para interponer denuncias en contra de las autoridades subnacionales que son de la oposición y podrían tener una proyección, ya sea para la elección nacional y la municipal.

La experta recordó que el MAS persigue a los opositores desde que llegó al Gobierno en 2006. Aseveró que en el caso de Santa Cruz “no molestó” a autoridades regionales que les fueron funcionales, como es el caso del alcalde Jhonny Fernández.

“Recientemente, salió un audio que involucra a Jhonny Fernández en la venta de ítems, en la época de Angélica Sosa, pero nadie dijo nada, todos callados y los funcionarios de Jhonny dicen que no hay documentos”, añadió.