Informe de García-Sayán emite 20 recomendaciones a justicia boliviana

Tras su visita al país para evidenciar el estado de la justicia boliviana, el pasado mes de febrero, el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, emitió ayer un informe en el que expresa 20 recomendaciones al Estado boliviano. Entre ellas, se insta a respetar la independencia del Sistema Judicial y designar un titular en la Defensoría del Pueblo.

Entre los puntos más destacados, el experto internacional concluyó en que existen puntos que deben ser atendidos como el acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad, la protección de las mujeres frente a la violencia de género y abordar la alta proporción de personas privadas de libertad sin sentencia.

Destacó el proceso constituyente y la nueva Constitución Política del Estado de 2009, sin embargo, observó que la elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes no ofrece garantías suficientes para evitar la injerencia política, “no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación”, señala.



Advierte una profunda desconfianza entre actores políticos y sociales del país sobre la administración de justicia como tal, lo cual incide negativamente en los esfuerzos de fortalecimiento y reforma.

García-Sayán sostiene que el Tribunal Constitucional enfrenta una carga de trabajo elevada por el abuso de la figura de “inconstitucionalidad” para actuar sobre problemas y aspectos de los procesos judiciales ordinarios. “Esto incide en la crisis actual del órgano judicial pues recarga la jurisdicción ordinaria y distorsiona la razón de ser de la jurisdicción constitucional”, según indicó.

Por estas observaciones y otros aspectos relacionados al mejor acceso a la justicia, el experto emitió 20 recomendaciones:

Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución.

Es crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales.

El Relator Especial recomienda a todos los sectores relevantes a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo. El Relator Especial insiste en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura.

El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial. Dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional.

El Relator Especial insta al Gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial, que incluya un diseño institucional para una gestión más eficiente. Es indispensable que la administración y gestión del sistema judicial se encuentre en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva del sistema de justicia, los jueces, vocales y magistrados, se constriñan a administrar justicia y no se involucren en asuntos administrativos y de gestión.

El Estado Plurinacional de Bolivia debe establecer una efectiva carrera judicial, por medio de legislación que tome en consideración los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, incluyendo, entre otros aspectos, la idoneidad para desempeñar las funciones judiciales, criterios y procedimientos apropiados para la selección y designación, y garantías normativas e institucionales de inamovilidad de quienes se desempeñen con integridad.

Se debe, asimismo, regularizar a todos los jueces transitorios antes del final de 2022, por medio de un esfuerzo conjunto del Consejo de la Magistratura y la Comisión de la Ley núm. 898, llevando a cabo las pruebas de evaluación e idoneidad que garanticen la solvencia profesional y apego a los estándares democráticos de quienes pasarían a ser jueves titulares.
El Relator Especial recomienda al Gobierno que aumente el número de juzgados y fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la violencia contra la mujer, tomando en consideración la Ley núm. 348.

El Relator Especial insta al Gobierno a atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como la sanción de los jueces responsables por prácticas corruptas.

Se exhorta al Gobierno a que afirme y garantice el espacio de la jurisdicción indígena originario campesino, reconocida en la Constitución, por medio de la reforma a la vigente Ley de Deslinde Jurisdiccional, ampliando sustantivamente la competencia de esta jurisdicción y tomando en consideración la participación, opinión y contribuciones de los pueblos indígenas.

Se insta al Gobierno a restaurar el espacio y papel de la justicia de paz impulsando las modificaciones normativas necesarias
El Relator Especial insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Las detenciones preventivas deben ser excepcionales.

Con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes.

El Poder Ejecutivo podría preparar y presentar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación expedita, proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019.

El Relator Especial exhorta al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo.

El Relator insta al Gobierno a elaborar y dictar la legislación pendiente para el funcionamiento del órgano judicial, en particular, el código procesal agroambiental y disponer las reformas necesarias al Código Penal y Código de Procedimiento Penal en los temas particulares de prisión preventiva, para evitar su abuso.

El Estado Plurinacional de Bolivia debe contar con una política criminal que permita guiar el trabajo del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses y fortalecer sus capacidades y la formación de su personal.

El Relator Especial insta al Gobierno a dar sustento institucional al Comité de Género del órgano judicial.

El Relator Especial exhorta al Gobierno a adoptar una ley de acceso a la información pública.

Se insta al Gobierno a mejorar la formación de la profesión legal para lograr un mejor funcionamiento de la institucionalidad, en concordancia con los principios del estado de derecho y las garantías de los derechos humanos.