Justicia encamina juicio oral por caso gases y golpe II ‘bajo presión’

Fiscalía acusa formalmente a 2 exministros y otras 7 personas por corrupción mientras la expresidenta Jeanine Áñez divulga imágenes de quienes la “sentenciarán”.

El Órgano Judicial encamina dos juicios orales por el caso gases y golpe II, en medio de denuncias de presión, a través de las redes sociales, contra los administradores de Justicia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura, hicieron conocer que sufren “linchamiento” social, denigración y agresiones mediante redes sociales y medios de comunicación por lo que llamaron a la población a sensibilizarse con las personas.



El pronunciamiento se emitió después de que en la cuenta de Facebook de la expresidenta Jeanine Áñez se publicara las fotos de jueces y fiscales asegurando que ellos serán quienes la sentencien y deberán responder ante estrados internacionales.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el miércoles que la próxima semana comenzará el juicio oral contra la exmandataria por la presunta irregular sucesión constitucional en 2019. La Fiscalía pide 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Por otro lado, ya se hizo la presentación de la acusación formal contra nueve personas, entre ellas los exministros de la gestión de Áñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López, por una supuesta compra de material antidisturbios con sobreprecio en 2019 que causó un daño económico equivalente a 2.2 millones de dólares.

DENUNCIA

Las autoridades del Órgano Judicial, en conferencia de prensa, advirtieron que se hizo común recibir, mediante redes sociales, comentarios, adjetivaciones, amedrentamiento, divulgación de imágenes y referencias sobre procesos.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, defendió la independencia a tiempo de denunciar que se vulnera los derechos de los operadores de justicia y se poniendo en riesgo su labor. Recomendó a los litigantes apegarse a Derecho.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, calificó estos actos como linchamiento social y político.

Afirmó que es una “exposición mediática” que atenta contra la integridad y la dignidad de los servidores judiciales que no solamente están en calidad de servidores públicos, sino son padres de familia, madres de familia, esposos e hijos también. Llamó al cuidado de la dignidad, decoro y también la integridad social y la imagen de los administradores de justicia y del colectivo del Órgano Judicial del país.

GOLPE

Los familiares que administran las redes de Áñez presagian su derrota judicial. Acompañan a un “mensaje a la comunidad internacional” las imágenes de los jueces, fiscales y vocales que llevan adelante el proceso oral en su contra.

“Aquí están! Los que me sentenciarán, a la 2da. Presidenta constitucional mujer de Bolivia. Me juzgan sin valorar verdades sino obedecer a la élite masista. Comunidad Internacional, recuérdelos, ellos deben responder ante estrados mundiales”, se lee.

Un día antes, la defensa de la exmandataria anunció la presentación de 45 testigos de descargo, entre ellos las exsenadoras Adriana Salvatierra y Eva Copa, ésta última que es alcaldesa de El Alto.

Al respecto, Del Castillo dijo que no corresponden esas pruebas testificales porque son parte de otros procesos como fraude electoral o Golpe I.

CASO GASES

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó, citado en un comunicado, que en el caso gases se tiene 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación" para la compra de este material en los Ministerios de Gobierno y Defensa.

A su vez, señaló que se tiene una pericia de auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios.  

Murillo y López fueron declarados “rebeldes” en este caso, sin embargo, el proceso continúa por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

La Fiscalía pide 10 años de cárcel y está a la espera de la definición de la fecha para el inicio del juicio.

HRW ve interferencia política en Bolivia

La falta de independencia de la Justicia boliviana, el hacinamiento que persiste en el sistema carcelario del país, la prisión preventiva excesiva y la violencia machista son algunos aspectos en la mira del informe anual de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), según EFE.

El reporte sobre los eventos de 2021 comienza cuestionando que “la interferencia política ha plagado el sistema de justicia del país durante años”.

Continúa señalando que el expresidente Evo Morales "debilitó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder" y recuerda que la Constitución de 2009 introdujo la figura de las elecciones judiciales, pero con listas de candidatos salidas del Legislativo, donde el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría.

"Durante el Gobierno de Morales, los fiscales presentaron lo que parecía ser cargos motivados políticamente contra varios de sus rivales políticos", algo que también ocurrió durante la Administración transitoria de Jeanine Áñez y continúa en la gestión de Luis Arce, indica el reporte.

Áñez presentó "acusaciones infundadas contra opositores y la Administración de Arce "apoya cargos infundados y excesivos de terrorismo y genocidio" contra la exmandataria interina, continúa.

HRW recordó que Arce decretó en febrero de 2021 una amnistía para personas investigadas por delitos relacionados con la crisis política de 2019 "que parecía diseñada para favorecer a sus seguidores". La medida fue revocada en octubre atendiendo a una recomendación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de 2019.