Gobierno retira proyecto de ley antilegitimación

El Gobierno decidió retirar el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que estaba en trámite en la Asamblea Legislativa, debido al creciente descontento de varios sectores sociales.

“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano y a sus preocupaciones en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirarlo, para no dar lugar a que nos confronten entre bolivianos y no dar lugar a la desestabilización”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

“Reconocemos que hubo fallas en la socialización de este proyecto de ley y en el objetivo de este proyecto y lamentablemente a esas ausencias de información (se) ha instalado en sectores de la población boliviana un temor absolutamente infundado, sembrado, promovido por grupos políticos que buscan la impunidad”, acotó.



La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), por su parte, señaló que este es un “duro revés” al Gobierno y un triunfo del pueblo boliviano que se movilizó en las calles para exigir que este borrador de normativa sea anulado en la Asamblea Legislativa.
El jefe de la bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, indicó que esta es una lección de democracia al gobierno de Luis Arce y al MAS.

“Es un duro revés para el gobierno autoritario, es un gran triunfo del pueblo movilizado, de los gremialistas transportistas, mineros, empresarios y el conjunto de ciudadanos que han expresado en las calles su rechazo a esta ley que avasallaba derechos fundamentales”, sostuvo Alarcón en una conferencia de prensa.

El proyecto de ley que debía ser tratado en la Cámara de Senadores, tras su aprobación en Diputados, encontró el rechazo no solo de las alianzas de oposición, sino también de cívicos, plataformas ciudadanas, sectores laborales como transportistas y gremiales, profesionales y empresarios, entre otros, debido a que consideran que esa norma vulneraría derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución Política del Estado, como el secreto profesional, entre otros.