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18 de junio de 2021
Página Siete/ La Paz
El Tribunal Agroambiental anuló la sentencia de una jueza de Entre Ríos que obligaba a Petrobras a pagar 61,5 millones de dólares por el uso de los terrenos en el campo gasífero de San Alberto al demandante Alberto Baldivieso Vacaflor.
Uno de los argumentos es la falta de acreditación del derecho propietario sobre los predios.
La Sala Primera del Tribunal Agroambiental “deja sin efecto la Sentencia 01/2021 de 7 de abril, pronunciada por la jueza agroambiental de Entre Ríos: anulando obrados de oficio, hasta el auto de admisión de demanda inclusive (fs 428 y vta. de obrados), al haber tramitado proceso sin observar la falta de acreditación de derecho propietario de la parte actora y de los litisconsortes conforme previsión del artículo 835-I del Código Civil concordante con el artículo 35-I y III de la Ley 439, así como la inexistencia relación contractual como fuente de obligación entre las partes litigantes, evidenciándose violación a los derechos fundamentales y garantías constitucionales”, señala parte de la sentencia S1 número 51/2021 del 15 de junio de 2021 a la que accedió Página Siete.
El documento complementa que a ese efecto la autoridad debe observar el proceso conforme los fundamentos jurídicos que sustentan el “presente fallo” y previa citación y notificación de las comunidades campesinas reconocidas mediante la Resolución Suprema 17326 de 14 de diciembre de 2015, así como a la Procuraduría General del Estado, al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a cuanto tercero pueda verse afectado en sus derechos.
La sentencia exhorta a la jueza agroambiental de Entre Ríos que tramite la causa en sujeción al debido proceso, la seguridad jurídica, la buena fe y lealtad procesal, debiendo cumplir con su deber.
El fallo también deja sin efecto todas las medidas cautelares dispuestas mediante la Sentencia 01/2021 de 7 abril.
Eso implica el levantamiento de retención de cuentas bancarias dispuesta en sentencia, así como a los ministerios de Economía, Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la cancelación de los embargos de dinero correspondientes.
La sentencia, además, impone una multa de 1.000 bolivianos a la jueza agroambiental de Entre Ríos, que será descontada de sus haberes.
El abogado de Petrobras, Luis Fernando Calvo Moscoso, explicó que la sentencia del Tribunal anula los obrados hasta el auto de admisión porque la demanda no tenía fundamento.
Los demandantes, dijo, nunca pudieron acreditar el derecho propietario y la jueza admitió la demanda sin que se cumpla con este requisito legal. “Los demandantes nunca acreditaron derecho propietario de los terrenos y con este fallo se restituye la seguridad jurídica que había sido vulnerada por una jueza que fue sancionada”, precisó.
Calvo anunció que se iniciarán acciones penales contra la jueza y a los demandantes y aclaró que la Sentencia del Tribunal Agroambiental es definitiva.
El pasado 23 de mayo, la jueza Verónica Hesse condenó a Petrobras a pagar 61,5 millones de dólares, que con los intereses devengados, podía llegar a superar los 100 millones.
El demandante Alberto Baldivieso defendió el derecho propietario de María del Rosario Vacaflor Lahore indicando que la propiedad Campo Grande-San Alberto, además de una escritura de 1955, cuenta con el título ejecutorial Nº 452649 del 9 de septiembre de 1971, que tiene el consentimiento del INRA en un informe fechado el 28 de enero de 2021.
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