Gobierno: Fallo contra Sánchez de Lozada abre vía para juicios civiles en EE.UU. por delitos en otros países

El Gobierno destacó y calificó de “importante precedente en contra de la impunidad” el fallo en Estados Unidos del juez James I. Cohn que ratificó la condena contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín por el caso Octubre de 2003.

“La decisión de del Juez Cohn se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín solicitaron al juez Cohn que se deje sin efecto el proceso en su contra o se realice un nuevo juicio, pero la autoridad judicial estadounidense decidió denegar la moción de los acusados.

Tribunal ratifica que Goni y Sánchez Berzaín deben indemnizar a víctimas de octubre de 2003

Con esa determinación, sigue en pie el veredicto del jurado del caso que en 2018 declaró a ambos responsables por las muertes extrajudiciales registradas en los conflictos de 2003, ordenándoles pagar $us 10 millones a los demandantes.

El bufete Williams & Connolly, que defiende a las dos exautoridades bolivianas, consideró que este último fallo “no es la decisión final” y que apelará.

Lima aseguró que la decisión judicial en el tribunal de Miami es un “acto de justicia e importante precedente contra la impunidad”.

Según el Gobierno, la sentencia de 22 páginas “estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27029 de 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremo 4078 de noviembre de 2019 que devino en las masacres de Sacaba y Senkata”.

La expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete aprobaron el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares que actuaran en operativos para restablecer el orden.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se encuentran en Estados Unidos, adonde huyeron tras los violentes hechos que dejaron más de 60 muertos por bala.