Comcipo anuncia protestas desde enero por ley del litio

El consultivo aprobó acciones legales contra el ministro de Minería y piden su destitución.

En enero del próximo año iniciará la "madre de las batallas" del pueblo potosino para consolidar la aprobación y promulgación de la ley del litio. A esa determinación llegó en el consejo consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) desarrollado anoche por los representantes de las diferentes instituciones.

"Queremos la aprobación y promulgación de la ley del litio", aseveró la presidente de la entidad cívica, Roxana Graz.



Anoche se conoció que el gobernador Jhonny Mamani remitió la ley del litio "unificada" a la Brigada Parlamentaria Potosina. Los parlamentarios tienen la misión de entregar la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación. Luego la promulgación por el Poder Ejecutivo.

Graz calificó de "plazos fatales" para los dos propósitos; caso contrario, se iniciará las movilizaciones. "Desde enero hará un cronograma de movilizaciones si en caso no se viabiliza y agiliza la aprobación y la promulgación de la ley", advirtió.

CERRO

El consultivo también definió exigir la renuncia de los ministros de Minería y Culturas, además del presidente de la Comibol por la inacción en la preservación del Cerro Rico de Potosí porque el daño a la estructura cónica es irreversible.

Además se anunció el inicio de las acciones legales contra las autoridades por no haber acatado la disposición de la acción popular que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia concedió parcialmente, en febrero de este año.

SILALA

Comcipo ratificó impulsar el juicio de responsabilidades contra Evo Morales, David Choquehuanca, Héctor Zaconeta y todo su entorno por el “fallo adverso” por el Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Para el efecto, el consultivo instruyó al directorio de Comcipo conformar un equipo jurídico nacional que viabilice esa acción por "traición a la patria".

La CIJ estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala.