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El Agro pide acciones - Editorial

  17 de marzo de 2017

Cada vez son más insistentes las promesas del Gobierno nacional de poner en marcha políticas de revitalización del sector agropecuario. Los últimos años ha estado lanzando consignas repetitivas en relación a la necesidad de incrementar la productividad del campo e incluso ha retado a los agricultores y ganaderos a inyectar mayor dinamismo.

Lamentablemente, las promesas no se han cumplido y en lugar de apoyo, los agricultores siguen soportando el peso de las prohibiciones y restricciones que impiden las exportaciones y por ende, el incremento de las inversiones y por supuesto, una mayor cosecha de alimentos que aseguren la soberanía nutricional del país, que se ve cada vez más acechada por la importación y el contrabando de los artículos más elementales, como la papa y la cebolla, por citar una expresión que se escucha todos los días en las calles y mercados.

Los productores de soya, agrupados en Anapo, acaban de lanzar un grito desesperado a raíz de la crítica situación que atraviesan, no solo por los bajos precios y las condiciones climáticas adversas que siguen azotándolos, sino por la vigencia del bloqueo a las exportaciones que ocasiona al menos 200 millones de dólares en pérdidas al sector.

En una carta dirigida al Gobierno, los soyeros explican que la restricción a la venta de soya, que se mantienen desde hace una década, no se justifican desde ningún punto de vista, pues apenas el 25 por ciento de los tres millones de toneladas que se producen en Bolivia, es suficiente para abastecer el consumo interno, que además es subsidiado por los propios empresarios de la soya, que son obligados a venderle a precios preferenciales a los avicultores con el fin de garantizar la estabilidad del precio del pollo.

Las restricciones impuestas por el Estado no solo impiden el normal desenvolvimiento del sector agropecuario, cuya naturaleza es crecer e invertir los excedentes, sino que introduce graves distorsiones en el precio, puesto que elimina la transparencia, eleva los costos de industrialización y obviamente, complica las relaciones entre los que siembran y las empresas encargadas de la transformación y de darle valor agregado al grano.

En definitiva, lo que se está demandando es la liberalización total de las exportaciones tanto del grano de soya, como de sus derivados, pues al establecer cupos, lo único que se está beneficiando es la corrupción de algunos sectores gubernamentales y también de ciertos grupos privados que lucran con la burocracia que se forma alrededor de este sistema estatista secante y contrario a la productividad.

Han sido suficientes todos estos años de bloqueo productivo, para que el Gobierno se dé cuenta que las consecuencias han sido nefastas, pues la situación que atraviesan los soyeros no es mejor que la de los maiceros, arroceros o los que cultivan el frejol, solo por citar los rubros más básicos de la canasta familiar y que además son los que generan una enorme cantidad de fuentes de trabajo.

Las restricciones impuestas por el Estado no solo impiden el normal desenvolvimiento del sector agropecuario, cuya naturaleza es crecer e invertir los excedentes, sino que introduce graves distorsiones en el precio, puesto que elimina la transparencia.







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