“El negocio de la muerte” - Gary Antonio Rodríguez Álvarez

GARY ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

¿Qué pasaría si su hijo, hermano, madre o usted mismo cayera en manos de un vendedor inescrupuloso de un medicamento falsificado, adulterado, caducado o trucho, que se lo compra esperando mejorar la salud, pero resulta que ocurre lo contrario, pudiendo sobrevenir hasta la muerte?

Siendo que la salud no tiene precio, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con un alto sentido de responsabilidad social, editó el libro El negocio de la muerte: Comercio informal de medicamentos en Bolivia, para reflejar la problemática de la venta no controlada de medicamentos que, más allá del daño económico al Estado por la evasión fiscal, afrenta a la vida misma.

Cuando uno escucha una frase tan fuerte como ‘el negocio de la muerte’, lo primero que se le viene a la mente es que tendría que ver con el narcotráfico, secuestro de personas, tráfico de armas, sicariato, tráfico de órganos, etc. Sin embargo, hay otro negocio que puede ser catalogado como tal: la venta de medicamentos falsificados, adulterados, caducados o contrabandeados que, aprovechándose de la ignorancia o necesidad, afecta a la vida de las personas.

De eso trata el estudio encarado por el reconocido economista Gonzalo Vidaurre Andrade, presentado por la CEPB y el IBCE en formato de libro en un exitoso foro realizado en el Real Plaza Hotel & Convention Center, en La Paz, el 4 de julio de 2018. Cerca de 350 personas fueron a escuchar la presentación de una investigación que demandó ocho meses de trabajo realizando más de 1.000 encuestas en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; varios grupos focales; entrevistas con autoridades nacionales y actores relevantes de la oferta (laboratorios, profesionales médicos, bioquímicos y farmacéuticos, importadores y distribuidores legalmente establecidos), así como de la demanda (consumidores).

La conclusión de la investigación es que si bien las autoridades hacen lo que pueden para combatir el contrabando (la Aduana Nacional incautó 30 toneladas de medicamentos en 2017) y el ente regulador (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Agemed) fiscaliza a la industria y comercio farmacéutico legalmente establecidos para cumplir la ley, hay un capítulo pendiente…

Concienciar a la ciudadanía de que comprar medicamentos no garantizados puede hacer que el remedio resulte peor que la enfermedad y empoderarla tecnológicamente para que verifique en tiempo real su legalidad, es urgente de realizar. El estudio elaborado apunta a ello y puede ser descargado desde aquí: www.ibce.org.bo

Gary Antonio Rodríguez Álvarez

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