El costoso jet que decomisó la Aduana Nacional por delitos de contrabando y que luego adjudicó al Ministerio de la Presidencia porque fue “declarado en abandono”, generó dudas en la oposición tras la aparición de un informe de ingreso de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que identifica, además de la ruta que siguió, a los tripulantes y a la persona de contacto encargada de la aeronave.
Ante estas dudas, los opositores demandaron al Gobierno que explique las gestiones que realizó en este caso, ya que consideran poco probable que alguien deje abandonada una aeronave que costó más de 30 millones de dólares y que ahora está valuada en al menos $us 10 millones.
“No pueden eludir las autoridades del Gobierno una explicación más o menos razonable y convincente sobre cómo es que llegó esta aeronave a Santa Cruz, habría llegado además al Trompillo, donde hay instalaciones militares. Resulta que alguien la deja porque sí, y deja 34 millones de dólares sin más motivos y ya no reclama”, cuestionó el diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD).
Anunció la presentación de una solicitud de informe para que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, de cuyo despacho depende la DGAC, explique cómo ingreso esa aeronave al país, por qué se quedó tanto tiempo en un hangar del aeropuerto internacional de El Trompillo y cuál es la ruta que debía seguir.
La anterior semana se conoció que el avión Super Mid-Size- Gulfstream GIII, con matrícula N557 JK, fue declarado en abandono e incautado por la Aduana, tras lo cual dispuso su adjudicación al Ministerio de la Presidencia. Pero casi de inmediato esta cartera de Estado decidió entregarlo a la DGAC alegando que tenía la posibilidad de mantener una aeronave de esas características.
Tras la adjudicación, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, explicó que se trataba de “un jet de lujo que estuvo en El Trompillo por mucho tiempo sin que nadie se asome a reclamarlo…ha sido declarado en abandono”.
El sábado, al explicar los motivos para dejar la aeronave en manos de la DGAC, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que la resolución administrativa que definió la adjudicación al Ministerio de la Presidencia menciona que la incautación fue producto de “ilícitos aduaneros que tienen que ver con contrabando”.
Hoy se conoció la solicitud de ingreso de la aeronave presentada a la DGAC, donde se precisa que ingresó al país el 7 de abril de 2017 y llegó al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, procedente del Aeropuerto Internacional de Cozumel, que está localizado en la localidad de San Miguel de Cozumel, en el estado de Quintana Roo sobre la costa del Caribe.
Debió permanecer dos días en el país y su próximo destino era el Aeropuerto Internacional de Tapachula, en Chiapas, México, cerca de la Frontera entre Guatemala y México.
Además, está registrado a nombre de la empresa estadounidense Global Exec Aviation, identifica como responsable a Alejandro Ruik, un funcionario de la empresa Pike Aviation, y la tripulación la integraban Ramiro Castillo y José Luis Cervantes. (09/07/2018)
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