Medida errónea de Carlos Mesa favoreció a Quiborax

Fernando del Carpio Z. / Cambio

La ilegal revocatoria de concesiones mineras, que no figuraba en la legislación de 2004, derivó en el laudo que significó indemnizar a Quiborax-NMM con 42,6 millones de dólares, explicaron ayer con documentos en el acto interpelatorio los ministros de Justicia y Minería.

Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, fueron interpelados por el caso Quiborax, por los diputados Betty Yañíquez y Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). 

Arce explicó que “en el laudo arbitral (del Ciadi) está 83 veces mencionado el Decreto 27589 (que revocó las concesiones), es el fundamento, y está 16 veces mencionado el informe que data del 8 de diciembre de 2004, que dice que la medida adolece de serios problemas jurídicos”.

El informe, firmado por el entonces canciller José Ignacio Siles (del gobierno de Mesa), advierte que el caso Non Metallic Minerals (NMN)-Quiborax “está a punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia” y que el Gobierno boliviano puede intentar llegar a un acuerdo amistoso con la empresa.

El ministro Arce dijo que hay mucha evidencia sobre los hechos, están las cuatro notas que la empresa emitió para reunirse en el marco de lo que establece el tratado bilateral, que fija seis meses antes de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y que no tuvieron respuesta de Mesa.

“Está el grave hecho de la figura inexistente en materia minera de la revocatoria, que ha sido ampliamente utilizada por la empresa demandante”, apuntó.

Además, indicó que el Código de Minería, del 17 de marzo de 1997, promulgado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, establece la figura de la anulación y no de la revocatoria, por lo que fue calificada como una medida “ilegal, violatoria no sólo del derecho internacional, sino violatoria también de nuestro propio derecho interno”.

Para el titular de Justicia hay un conjunto de elementos que han generado las consecuencias jurídicas que deben ser establecidas por las instancias llamadas por ley.

“Quienes trabajamos para el Estado asumimos una responsabilidad, no tenemos un problema de que nuestra gestión sea auditada”, añadió.

“El Gobierno no tiene afanes revanchistas ni políticos”, afirmó el ministro Arce y agregó que reconoce el aporte del expresidente Mesa en la demanda marítima.

Sin embargo, señaló que al final debe primar la verdad de lo que ocurrió en este caso, es decir, por qué el Estado boliviano llegó a esta situación, que parte por dar la cara y asegurar que la verdad salga a flote.

Después del informe, senadores y diputados aprobaron por el orden del día puro y simple, y emitieron su voto de confianza a los ministros, quienes resaltaron la oportunidad que tuvieron de aportar en el esclarecimiento de este hecho.

El exmandatario Carlos Mesa, que revocó la concesión (hace 14 años), acudió al hemiciclo de la Cámara de Diputados junto a su abogado y exministro de Justicia Carlos Alarcón, y siguió atentamente la sesión.

Los asambleístas opositores mostraron en sus curules letreros que decían “roba patrias”. La diputada interpelante Betty Yañíquez dijo que ese adjetivo corresponde a los neoliberales, quienes en su gestión hicieron “uso y abuso del poder”.

Navarro: Se tomaron decisiones que dañan al Estado

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, durante la interpelación, dijo que compartía la frase de “roba patrias” que figuraba en los carteles que exhibían los opositores, porque emerge de decisiones políticas que lamentablemente dañan al Estado boliviano.

Navarro recordó que el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga redujeron el perímetro de la reserva fiscal del salar de Uyuni, con la Ley 1854 del 8 de abril de 1998, de 2.362.000 hectáreas (ha) a 1.344.000 ha.

Informó que “David Moscoso Ruiz, que era funcionario del Ministerio de Minería, accedió a información privilegiada”, que se adjudicó 11 concesiones (837 cuadrículas) mineras de ulexita en el Delta del Río Grande del salar de Uyuni, y que en 2001 vendió un 50,99% a la empresa chilena Quiborax, 00,1% al chileno Allan Fosk y él se quedó con el 49%.

Navarro expresó que en la década del 90 el pueblo potosino se movilizó para evitar la entrega del litio a la Lithco, como negociaba el gobierno de Jaime Paz Zamora, y también se movilizó contra la Ley 1854 de Banzer, a través del Comité Cívico Potosinista y la Federación de Campesinos, y propuso un proyecto que se convirtió en la Ley 2564, promulgada por Mesa el 9 de diciembre de 2003, que amplía el área fiscal de 1.344.000 ha a 2.190.000 ha.

Dicha norma establecía la realización de seis auditorías: técnica, jurídica legal, financiera, regalitaria, sociolaboral y medioambiental, para declarar la nulidad de las concesiones, pero Mesa no cumplió y optó por la revocatoria. A su vez, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, señaló que el Gobierno siempre actuó conforme a ley y en defensa del Estado, y que en 2009 hizo lo que Mesa no: dialogar con Quiborax.

El 16 de diciembre, el Ciadi dictó el laudo (decisión, sentencia) que determina el pago de $us 42,6 millones y establece ese monto no por la inversión que hizo Quiborax, sino considerando la ‘compensación íntegra’ que incluye los recursos que iba a recibir en el tiempo de la explotación.