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Arce dice que Llorenti fue reemplazada y se le inició proceso administrativo

  29 de junio de 2018

El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que, en el caso de la filtración de documentos en favor de los abogados de Quiborax, en su gestión al frente de la Procuraduría General del Estado se procedió a reemplazar a la subprocuradora, Carniña Llorenti, a quien además se le siguió un proceso administrativo, según recomendación de la dirección jurídica.

"Ni bien se conoció el incidente se procedió de  manera inmediata a solicitar los informes correspondientes y el reemplazo de la abogada Llorenti en el cargo de Subprocuradora, en fecha 27 de diciembre de 2017, mediante la designación presidencial del Dr. Pablo Menacho como nuevo Subprocurador", señala Arce en una carta dirigida a este medio de comunicación para responder a la información titulada: Quiborax: Arce supo de la filtración desde 2016 y no inició juicio.

El Ministro reclama porque en la  citada nota, en la edición impresa, se señala que este medio no  recibió sus respuestas a este tema y que más abajo sí se incluyen las mismas, lo que "demuestra claramente la intencionalidad de la periodista de mellar mi dignidad y mi imagen".

Al respecto, este medio aclara que las respuestas del Ministro llegaron justo al filo del cierre de edición y que, pese a eso, fueron incluidas en su integridad, pero también reconoce que en la nota central, que ya estaba elaborada desde temprano, no se cambió el texto que señala que el ministro no pudo responder porque se encontraba de viaje. Por ese motivo, extiende una disculpa al Ministro y a los lectores.

La publicación de las respuestas y la elaboración de esta nota demuestran que no hubo ninguna intencionalidad de parte de este medio.

Respecto al tema de fondo, que es el proceso administrativo seguido a Llorenti, hay que señalar que éste fue iniciado en marzo de 2018, pese a que Arce conoció de la filtración de datos desde diciembre de 2016, es decir, 15 meses después, cuando la autoridad ya había dejado de ser Procurador del Estado y se había convertido en Ministro de Justicia.

Por otro lado, también queda establecido que ni la Procuraduría ni el Ministerio de Justicia iniciaron ningún proceso judicial en contra de Llorenti, pese a que se evidenció que documentos salidos desde su computadora beneficiaron a la parte chilena de Quiborax, que terminó cobrando 42,6 millones de dólares al estado boliviano.







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