Menacho en enero de 2017: “Filtración podría afectar gravemente
la defensa”

En el informe del 6 de enero del año pasado, el ahora procurador le avisó a Arce que Carmiña Llorenti tuvo una “conducta imprudente”. Ayer manifestó que los datos filtrados no eran determinantes.

 El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió ayer a este medio explicar cuál fue el daño que causó al Estado la filtración de documentación clasificada de la defensa boliviana en el arbitraje iniciado por Quiborax ante el CIADI. El procurador Pablo Menacho respondió a esa pregunta el 6 de enero del año pasado, cuando en un informe le advirtió que la fuga de “información sensible (...) podría afectar gravemente la defensa de Bolivia”, tanto así que ese proceso le costó al país 42,6  millones de dólares.

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad manifestó que la filtración de documentos del arbitraje internacional no generó “ningún daño” a los intereses del Estado, sin embargo, hace 17 meses el entonces subprocurador Menacho le avisó que con la filtración, la parte demandante obtuvo “abundante prueba” en contra de Bolivia.

En el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE N° 03/2017, enviado el 6 de enero de 2017 por el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho, al procurador general Héctor Arce Zaconeta, le advierte  que la “conducta imprudente” de la ya destituida exsubprocuradora Carmiña Llorenti ocasionó que se filtre a la parte demandante “información sensible para la defensa” del Estado boliviano.

“El hecho de que los documentos hayan salido de direcciones de correos electrónicos de una alta autoridad del Estado a cargo de la defensa del Estado, como era la exsubprocuradora Carmiña Llorenti Barrientos, podría ocasionar un grave daño a la defensa de Bolivia en el caso CIADI N° ARB/06/2”, alertó Menacho a Arce, en el inciso “V. Posible afectación al caso CIADI...”, del documento al que tuvo acceso Página Siete.
 
El Ministro  usó ayer su cuenta en Twitter para publicar: “Con la misma integridad y dignidad con la que le escribimos a la Directora de @pagina_siete esta mañana y aceptando sus disculpas, le impetramos al medio a mencionar cuál el daño causado por la Dra. Llorenti? El hecho NO generó ningún daño”.

Sin embargo, el ahora procurador del Estado fue quien hizo notar a Arce que la filtración de al menos tres documentos “con información de carácter reservado y confidencial, cuya utilización era exclusivamente en el marco de una negociación y que, de ninguna manera debían estar en poder –de manera oficial– de las demandantes”, podían perjudicar el proceso de defensa legal del Estado en el tribunal del CIADI.

El Ministro reclamó ayer a este medio por la nota titulada: “Quiborax: Arce supo de la filtración desde 2016 y no inició juicio”, al señalar que las respuestas que envió para contrastar la información no fueron tomadas en cuenta, a pesar de que el cuestionario fue publicado in extenso en las ediciones impresa y digital.

Aun así, Página Siete expresó sus disculpas a la autoridad y a sus lectores, porque de forma involuntaria no se precisó la inclusión de las respuestas del Ministro en la nota central.

Cabe aclarar que los testimonios compartidos por la autoridad de Justicia corresponden a un cuestionario enviado por este medio hace nueve días (18 de junio) y no así a las preguntas planteadas el miércoles 27, cuando se le solicitó por medio de su comunicadora aclarar desde cuándo estaba al tanto de la filtración de documentos a las demandantes, entre otros relativos al tema.
 
 En ese sentido, Arce no desmintió haber estado al tanto de la fuga de datos del arbitraje 15 meses antes de que la responsable de la filtración haya sido procesada por vía administrativa.

Al respecto, se limitó a mencionar que la Dirección Jurídica de la Procuraduría “recomendó un proceso administrativo” contra Llorenti y que “ni bien se conoció el hecho se inició la desvinculación de la doctora del cargo de subprocuradora, produciéndose su cambio el 27 de diciembre (de 2016)”.

Sobre el tema, el procurador Pablo Menacho fue entrevistado  ayer por Página Siete, y explicó el grado de afectación que pudo haber causado la filtración de documentación en la que incurrió Llorenti.

 En ese sentido, sostuvo que la exfuncionaria de la Procuraduría General del Estado fue “sorprendida en su buena fe” por los abogados de la parte demandante, que accedieron a su computadora estacionaria para enviar los documentos que él mismo advirtió que eran “sensibles” en la causa instaurada en el CIADI.

“La sorprendieron en su buena fe a la exsubprocuradora para enviarse esos documentos, pero esos documentos nunca fueron parte del arbitraje ni del proceso”, aseguró Menacho.

El procurador agregó que la información filtrada “pintaba un Estado sin seguridad jurídica” y que esos elementos fueron utilizados por los demandantes.
 
Quiborax, el proceso arbitral más largo que enfrentó Bolivia

Laudo El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia el 15 de septiembre de 2015, después de casi 10 años de arbitraje. Esa instancia ordenó al Estado a pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares. En mayo de este año, la Procuraduría General negoció y acordó un pago con la parte demandante por 42,6 millones de dólares.
Medida Como resultado de la derrota en el arbitraje, el Gobierno solicitó a la Fiscalía el inicio de un proceso contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, a quienes acusa por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la reversión de Quiborax en 2004.
Respuesta Carlos D. Mesa presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, además del procurador Menacho y de la exprocuradora Elizabeth Arismendi, acusándolos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la que calificó de “desastrosa” la defensa del caso.