Gobierno sube a Bs70 MM soporte extraordinario para la “U” alteña

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, informó ayer que el Gobierno ofreció la suma de Bs 70 millones como presupuesto adicional para la UPEA, mientras que su rector, Ricardo Nogales, rechazó la propuesta y anunció una huelga de hambre.

Luego de siete horas de reunión entre autoridades de Gobierno y de la UPEA en la Vicepresidencia del Estado, el diálogo no prosperó debido a la intransigencia de los representantes de la universidad alteña.

Cerca de las 18.00, el ministro Rada ofreció una rueda de prensa en la que hizo conocer la propuesta del Gobierno que, entres otros puntos, casi duplica la oferta inicial para garantizar la gestión académica de la UPEA.

Propuesta de cinco puntos

“Hoy nuevamente autoridades de Gobierno y del Legislativo recibimos a la comisión de la UPEA y les planteamos una propuesta que permite encontrar un punto de solución a este conflicto y que da respuesta a una demanda de la UPEA, en términos que no afectan a terceros y que pueden ser cumplidos por el Tesoro General de la Nación (TGN)”, sostuvo Rada.

Agregó que la propuesta consiste en otorgar un soporte financiero adicional de Bs 70 millones al presupuesto de la UPEA, “que se consolidará dentro del presupuesto de esta universidad sin afectar a ningún sector ni a ninguna universidad pública”, explicó el Ministro.

 El segundo punto establece que para garantizar la oferta anterior se trabajará con celeridad y se aprobará en forma expedita una norma que permita que el presupuesto señalado se consolide de manera permanente para asegurar la sostenibilidad de la universidad.

Asimismo, se movilizará la suma de Bs 222 millones de la cuenta de reserva del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la UPEA una vez que se concluya el proceso de certificación de la cantidad de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), y se ratifica la propuesta de facilitar, tanto desde el Órgano Legislativo como del Órgano Ejecutivo, las gestiones necesarias para tal efecto.

El Gobierno plantea la necesidad de tomar medidas que incidan en la calidad educativa, así como para garantizar la transparencia del uso de los recursos.

Sobre el caso de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila y en el marco de la coordinación entre órganos del Estado, el Gobierno coadyuvará en el proceso de investigación que está en curso en el Órgano Judicial.

La propuesta está firmada por el presidente de la Cámara de Senadores, los ministros de la Presidencia, de Economía y Finanzas y el Viceministro de Presupuesto. “Es una propuesta prácticamente concluyente y que desde nuestro punto de vista debe poner fin a un conflicto que se ha generado en la ciudad de El Alto”.

Anuncio de huelga

A su turno, el rector de la casa de estudios superiores de El Alto manifestó que el planteamiento del Gobierno aún continúa siendo insuficiente. “Nos han propuesto Bs 70 millones que no alcanzan ni siquiera para esta gestión; por lo tanto, la conclusión es una huelga de hambre”, mencionó Nogales.

“El año pasado hemos salido con Bs 85 millones; por lo tanto, no alcanzan los Bs 70 millones, tomando en cuenta que este año han subido todas las cosas”, agregó la autoridad. Aseguró que el déficit de la UPEA —en comparación con el Plan Operativo Anual (POA) que se ha entregado— son Bs 152 millones, de entrada.

“El diálogo está abierto, pero nosotros (la comisión que consta de entre 14 y 16 personas, según el rector) nos vamos a quedar acá” en la Vicepresidencia, advirtió. 

Los estudiantes alteños paralizaron el tránsito en 5 vías troncales de La Paz

La marcha y posterior bloqueo protagonizados por estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) cortaron el tráfico vehicular en cinco vías principales de La Paz: las avenidas Mariscal Santa Cruz, 16 de Julio y Montes, y las calles Potosí y Mercado. 

Estas acciones dificultaron el tránsito de motorizados públicos y privados en todo el centro paceño, lo que causó sendos embotellamientos, sobre todo al mediodía y las primeras horas de la tarde. 

Los sectores más conflictivos fueron la avenida Mariscal Santa Cruz, cerca al Ministerio de Economía; así como los lugares adyacentes a la Vicepresidencia, es decir, las calles Mercado, Ayacucho y Colón, que permanecieron cerradas hasta la tarde de ayer. 

El director departamental del Organismo Operativo de Tránsito, coronel José Caviedes, señaló que la marcha de la UPEA dificultó el tránsito vehicular en el centro a partir de las 11 de la mañana y que al ser una hora pico se realizaron los desvíos correspondientes hacia las calles Murillo, Sucre y Tejada Sorzano. 

Sin embargo, estas medidas de presión causaron perjuicio a muchos ciudadanos que no pudieron movilizarse con normalidad, como también al  transporte público. 

Ignacio Vargas, conductor de la línea de microbús 29, señaló que es la segunda jornada en que se queda “parado” en San Pedro, porque no puede ingresar al centro de La Paz, rumbo a su parada, en la zona de la Terminal de Buses. 

“Me quedo parado acá, lo único que me queda es dar la vuelta y retornar a la otra parada (en Ciudad Satélite, en El Alto), pero no es tan fácil porque necesariamente tengo que llegar a la calle Murillo, que está muy congestionada y no tengo alternativa que pasar por la trancadera”, explicó. 

La comerciante Sonia Chambi también expresó su molestia porque las marchas la obligan a cerrar su puesto de dulces, ubicado sobre la calle Potosí.

“Los estudiantes (de la UPEA) hacen asustar, son muy violentos. No hay otra que cerrar mi quiosco para que no me agredan. Me causa mucho perjuicio porque yo mantengo a mi familia con lo que vendo cada día”, señaló. 

El CEUB ve inviable modificar la Ley 195

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) considera que es inviable modificar la Ley 195 de coparticipación tributaria para la Universidad Pública de El Alto (UPEA). 

“Si se modifica la Ley 195, como pide la universidad alteña, a alguien se tiene que quitar para darle a ellos. Consideramos que es inviable”, comentó ayer Max Mendoza, presidente del CEUB.

El representante señaló que la coparticipación tributaria está repartida entre los sectores de salud, educación y las entidades como las gobernaciones, municipios, Fuerzas Armadas y universidades, de modo que una alteración en esa distribución es “complicada”. 

Mendoza consideró que la única alternativa sería que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la UPEA se pongan de acuerdo para distribuirse los recursos, pero recordó que las autoridades de la casa de estudios paceña manifestaron que no aceptarán que se toquen los recursos que les corresponde.

También comunicó que los 10 rectores de la universidad boliviana no estarían de acuerdo con alterar la Ley 195, como demandan los alteños.

Las casas de estudios superiores del país se reunieron, la semana pasada, con el Ministerio de Economía para negociar la dotación de una subvención extraordinaria. 

Ese encuentro concluyó con la elaboración de un cronograma nacional de visitas a cada entidad para realizar un análisis técnico de sus necesidades. En ese diálogo no participaron las autoridades de la ‘U’ alteña.