Firma Acruta & Tapia supervisó una obra con nexos en caso Lava Jato

La empresa peruana Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C., que llegó al país a través Acruta & Tapia Ingenieros Sucursal Bolivia, participó como supervisora del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), que es investigado por el caso Lava Jato.

Según el diario El Comercio de Perú, el Peihap fue adjudicado a la empresa Camargo y Correa en 2010 para ejecutar la primera etapa de la obra que se interrumpió el 2013 por 183 millones de soles (equivalentes a 387,2 millones de bolivianos), luego de que se iniciara un proceso de investigación por hechos de corrupción que involucraba a funcionarios del Gobierno Regional de Piura.

La firma Agruta & Tapia Ingenieros S.A.C. pasó a formar parte de la supervisión de la obra en 2014, a través del Consorcio Supervisor Hidráulico, que conformó junto a las empresas Peico y Motlima. Esta última, investigada porque se hizo cargo del expediente técnico del Peihap, con el que se licitó la obra y se adjudicó la empresa brasileña Camargo y Correa.

La empresa Acruta & Tapia Ingenieros Sucursal Bolivia está involucrada en la reciente denuncia contra la expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, por haber adjudicado tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos a un consorcio conformado por un familiar político del gerente de la empresa estatal.

La firma peruana conformó una asociación accidental y dos consorcios para adjudicarse las obras junto a la empresa boliviana Inpola Consultores S.R.L.

Ambas empresas, a través de un comunicado, señalaron que la denuncia “carece de veracidad consistencia y seriedad”. Añaden que se construyeron en base a versiones anónimas y sin ningún sustento.

EMPRESAS ASUMIRÁN SU DEFENSA EN EL CASO

El Consorcio anunció ayer que asumirá todas las acciones legales para demostrar la falsedad de estas acusaciones y advierte que se reserva el derecho de iniciar los procesos que correspondan ante la intención de dañar la reputación y el nombre del consorcio.

Las empresas Acruta & Tapia expresan su respaldo a Luis Alberto Aguilar Galzín, imputado por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.