Acuerdan con Quiborax un pago final de $us42 millones

Bolivia suscribió ayer una transacción final con las demandantes Quiborax  y Non Metallic Minerals,  de 42,6 millones de dólares. El pasado 18 de mayo, el CIADI dispuso un pago de 57 millones de dólares por la anulación de sus operaciones en el Salar de Uyuni.

“Se ha firmado un contrato transaccional para dar cumplimiento pleno, oportuno y definitivo al laudo de 16 de septiembre de 2015, emitido por un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”, informó ayer el procurador general del Estado (PGE), Pablo Menacho.

La autoridad precisó que la reducción de los 14,4 millones de dólares se debió a que ambas empresas  renunciaron al 20%  del monto neto de la indemnización,  al 50% de los intereses y a la totalidad de las costas determinadas por el laudo. “De esta manera se pone fin a la controversia iniciada en 2004 y se cumple con este compromiso internacional”, agregó Menacho.

El acuerdo de pago fue firmado por el procurador  y el ministro de Minería, César Navarro, con el representante legal de  Quiborax y Non Metallic, Andrés Jana.   La controversia surgió en julio de 2004, a raíz de la revocatoria de concesiones mineras a la empresa boliviana (con mayoría de capitales chilenos) Non-MetallicMinerals SA, durante el gobierno del expresidente Carlos  D. Mesa.

Según el Gobierno, la medida se encaró en vulneración de las  disposiciones de la Ley  2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la “declaratoria de nulidad”. Todo el procedimiento debía realizarse en un plazo de 60 días, hecho que no se cumplió.

Asimismo, en criterio de la PGE, en su fallo el tribunal arbitral del CIADI concluyó que la medida adoptada por el exmandatario Mesa, mediante la aprobación del Decreto Supremo  27589, no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso.

Además  no se llevó a cabo de conformidad con la norma, por lo que declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

 Tras esa actuación, a fines de mayo, Menacho afirmó que se  pedirá investigar a Mesa y tres de sus exministros,  por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución;  incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.  Sobre el tema, el procurador dijo ayer que la proposición acusatoria está en manos de la Fiscalía y que sigue  su curso legal.

El martes, Carlos Alarcón, abogado del expresidente Mesa, anunció que  no se descarta la presentación de una proposición acusatoria contra la actual gestión de Gobierno con los mismos argumentos con los que la Procuraduría intenta procesarlo después de la pérdida del arbitraje con Quiborax.