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Rada ratifica postura del Gobierno y reprocha actitud de empresarios

  01 de junio de 2018

Pese a los pronunciamientos del sector privado, el ministro de Presidencia, Alfredo Rada, ratificó ayer la postura del Gobierno respecto a las normas laborales y reprochó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) argumentando que no existen motivos para “quejarse”.

“Hay alguna gente que añora esos tiempos neoliberales en que los Gobiernos eran dirigidos por los banqueros, por los patrones, por los terratenientes y no les gusta que hoy haya un Gobierno de los trabajadores”, sostuvo.

Pese a las expresiones de Rada, los empresarios confían en que el pronunciamiento emitido por la CEPB en el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores es suficiente para revertir las normas estatales que los afectan directamente y que ponen en riesgo la propiedad privada.

“El documento es claro y se espera que el Gobierno acepte las condiciones al respecto”, afirmó el presidente de la Federación Departamental de Entidades Empresariales Privadas (FEPC) en Cochabamba, Javier Bellot.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Wilfredo Rojo, indicó que, pese a los contrastes, se arribó en la elaboración de un documento en el que se refleja la preocupación del sector privado.

“Creo que las conclusiones son buenas. Hay algunos matices, algunos querían un documento mucho más fuerte, otros querían un documento menos fuerte. Al fin al cabo, se reflejó lo que se manifestó en el congreso”, indicó.

Este medio intentó conversar con la Cámara Nacional de la Industria y con la Cámara Departamental de Comercio, sin éxito.

Sin embargo, en un pronunciamiento anterior, la Cámara Nacional de la Industria indicó que el “intenso diálogo público-privado fue improductivo y sin resultados concretos”.

El comunicado indica que el sector privado y el país requieren un giro en el modelo económico para iniciar un genuino proceso de industrialización y no ahondar la extinción de la industria privada nacional. “Los industriales manufactureros nos declaramos en proceso de extinción bajo el actual modelo económico”, añaden.

Por su parte, Rada aseguró que Bolivia está en una situación de crecimiento económico sostenido que genera utilidades empresariales que deben ser compartidas en base a una política social de redistribución de la riqueza.

“Nuestra posición: somos un Gobierno de los trabajadores si esto no le gusta a sectores conservadores, a la derecha que añora los tiempos neoliberales, bueno. Nosotros sabemos que el pueblo votó por una opción que se convierta en un Gobierno de los trabajadores”, indicó.

El empresariado privado nacional sólo ratificó su pedido de abrogación de la Ley de Empresas Sociales en el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, pidió a los empresarios reconocer que ganaron mucho dinero con el actual modelo económico, y ratificó que se cumplirán las proyecciones de crecimiento del 4,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El ejecutivo de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, informó que no se descarta iniciar movilizaciones en caso de que los empresarios privados “insistan” en aseverar que la Ley de Empresas Sociales es “ilegal” e “inconstitucional”.

"No significa que no escuchemos a los empresarios; respetamos la iniciativa privada, pero es un Gobierno de los trabajadores y los trabajadores son el factor más importante de los procesos productivos del país". Alfredo Rada. Ministro de Presidencia

MINEROS DESAFÍAN A LA OIT TRAS DENUNCIA DE LA CEPB

ABI

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, aseveró ayer que la posición que adopte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto al recurso que presentarán los empresarios contra el incremento salarial y la Ley de Empresas Sociales, evidenciará si esa organización defiende los derechos de las empresas privadas o de los trabajadores.

El dirigente minero manifestó que los empresarios están en su derecho de presentar amparos, en el ámbito nacional o internacional, contra las políticas salariales que se aplicaron en el país en los últimos años, pero señaló que la posición privada demuestra que el actual Gobierno defiende los derechos de los trabajadores.

Recordó que, como todos los años, las normas laborales aprobadas por el Gobierno son resultado de un arduo debate.







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