Solo 1 de 10 denuncias de racismo llega a los estrados judiciales

La gestión pasada, el programa de Descolonización, que depende de la Gobernación, recibió 10 casos, cuatro de forma escrita y seis de manera verbal. Solo uno llegó a proceso penal.

Cuatro mujeres trabajadoras denunciaron en octubre de 2017 que eran víctimas de discriminación, toda vez que los administradores de la empresa las querían echar de sus empleos por ser mujeres y porque “supuestamente no vivían en la comunidad”.

La denuncia fue presentada en la Gobernación, con una carta dirigida al gobernador Iván Canelas, y la misma se remitió a la Secretaría de Desarrollo Productivo, para finalmente llegar al programa de Descolonización el 6 de octubre de 2017.

La responsable de este programa, Apolonia Sánchez Miranda, informó que la denuncia de las mujeres que trabajaban en una empresa de la región del occidente de Cochabamba llegó a su despacho el 6 de octubre, y tras la investigación preliminar se confirmó que se trataba de un caso de discriminación, por lo que se inició el seguimiento respectivo.

Las cuatro mujeres confirmaron, además, que otras compañeras suyas se encontraban en la misma situación, sin embargo, no se animaban a denunciar por temor a represalias.

El caso, que había sido encaminado por el programa de Descolonización de la Gobernación, quedó trunco porque las mujeres no regresaron para continuar el trámite.

Sánchez señaló que el abandono de los casos es una constante en casi todas las denuncias, en por lo menos 90 por ciento , debido a que las víctimas de discriminación o racismo no tienen dinero para contratar un abogado o por la distancia que deben recorrer desde los municipios más alejados de Cochabamba.

“Eso pasa con muchos hermanos que denuncian, porque es muy complicado para quienes viven en el área rural llegar, cada vez, hasta la ciudad. No tienen tiempo ni dinero”.

El Comité Departamental de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación no tiene un presupuesto exclusivo asignado para esta tarea, por lo que no puede facilitar un abogado a los denunciantes. Además, requieren el acompañamiento de las víctima hasta el final del proceso, pero eso no ocurre.

En 2017, según datos proporcionados por Sánchez, se presentaron al programa de Descolonización 10 denuncias, cuatro en forma escrita y seis de manera verbal. De todas ellas, solo una persona siguió hasta casi finalizar, un profesor del área rural, del municipio de Independencia, que denunció por discriminación al director del establecimiento educativo en el que trabajaba.

A este maestro, según Sánchez, se le orientó en el trámite, pero, casi al finalizar señaló a que él seguiría solo el proceso penal.

El programa de Descolonización no tiene la certeza de que el maestro haya concluido el proceso, pero ya no regresó a esa oficina.

Asimismo, el 3 de octubre del año pasado, este programa recibió una denuncia de parte de una funcionaria de la Intendencia, pero después la denunciante no regresó más.

OFICINAS Para disminuir el porcentaje de casos que se abandonan en medio trámite, Apolonia Sánchez, como responsable del programa de Descolonización, advierte que exigirá la implementación, en todas las instituciones públicas, incluidos los gobiernos municipales de Cochabamba, oficinas para atender denuncias de racismo y discriminación.

En 2016, logró que se instalen comités municipales en Villa Tunari y Vinto, y el año pasado en Colcapirhua.

Sánchez confirmó que todavía no se han implementado en los 44 municipios restantes oficinas exclusivas para atender casos de racismo, sino que se mezcla con trata y tráfico y violencia, entre otros.

Para que los otros municipios implementen sus comités, así como entidades públicas e incluso empresas privadas, el programa de Descolonización enviará cartas, con la firma del Gobernador, de modo que en sus planes operativos anuales contemplen recursos económicos.

El Comité Departamental de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación tiene afiliadas a 50 instituciones, pero a las reuniones asisten no más de 10. La Asociación de Municipios de Cochabamba forma parte del Comité Departamental y comunica las decisiones que se asumen a todos sus miembros.

Además de pedir a las instituciones que implementen oficinas para tramitar las denuncias de racismo, el programa de Descolonización, según Sánchez, imparte talleres para recordar los contenidos de la Ley 045, sus alcances y sus penalidades.

Según Sánchez, con los talleres organizados en 2017 se llegó a por lo menos 10.000 personas.

SIN PRESUPUESTO El programa de Descolonización no cuenta con un presupuesto exclusivo para atender las denuncias de discriminación o racismo. Para esta gestión se les asignó 200 mil bolivianos, recursos que son utilizados para el pago de sueldos de los funcionarios y atender temas desde cultura hasta violencia con el enfoque de descolonización.

Descolonización cuenta con dos escritorios en una oficina que comparte con otros programas. Tiene un espacio de aproximadamente dos por tres metros.

Antes, según Sánchez, la oficina que atendía casos de racismo y discriminación tenía un presupuesto de un millón de bolivianos, un administrador, abogados y cinco técnicos.

Apuntes

Propuesta

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que desde febrero pasado presentó al Comité Departamental propuestas para avanzar en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Por ejemplo, que se realice un seguimiento riguroso a las entidades públicas para que implementen reglamentos conforme a la Ley 045.

Talleres

Nelson Cox afirmó que no se trabaja en prevención para evitar, o en su caso disminuir el número de casos de racismo y discriminación.

La prevención, según Cox, no implica solo colocar letreros de, por ejemplo, “todos somos iguales ante la ley”, sino también la organización de talleres para refrescar los contenidos de la Ley 045 entre los funcionarios públicos.


No hay aún un apoyo decidido para las víctimas de este delito
Nelson Cox/ Defensor del Pueblo en Cochabamba

Para luchar contra el racismo y la discriminación se implementó la Ley 045. El objetivo es buscar la igualdad entre todas las personas, en nuestra sociedad.

Para implementar esta normativa y conseguir los objetivos planteados se organizó un Comité Nacional, que a su vez dio lugar a los comités departamentales y municipales.

El Comité Nacional se organizó, trabajó en los reglamentos y en las penalidades, pero ahora el avance es a cuentagotas, porque no se ha podido aprobar un plan integral para luchar contra el racismo y la discriminación.

Si bien el Viceministerio de Descolonización tiene la idea clara, en los departamentos y en los municipios se ha perdido de vista la importancia de agendar la lucha contra el racismo y la discriminación.

La gran carencia estatal es la falta de acciones para prevenir el racismo y la discriminación y, en su caso, sancionar este delito.

Los casos de discriminación y racismo no tienen el seguimiento adecuado en las instituciones públicas y menos privadas.

Desde que se implementó la Ley 045, en 2010, no se generó una estructura que respalde a las personas que denuncian un caso, sino que está librado a su disponibilidad de conseguir dinero para contratar a un abogado.

En el país hay solo dos casos sancionados por racismo y discriminación, ambos en La Paz, en unidades educativas.

Los dos casos sancionados en Bolivia implican que no hay la fortaleza técnica en el Ministerio Público ni en los comités departamentales o municipales.

Y lo que más desanima a las víctimas a seguir un proceso penal por racismo y discriminación es que no se puede demostrar, con pruebas, que se ha cometido este delito, porque nadie quiere testificar y no se generan fácilmente los respaldos o porque se amenaza a la víctima.