La Alcaldía dice que contrato fija pago al final y aún faltan mochilas

El secretario de Asuntos Jurídicos, Jorge Ibáñez, explicó que la compra de productos, como el material escolar, se cancela una vez que se entregue la totalidad al comprador.

La Asociación Accidental 26 de Febrero todavía no entregó la totalidad de las 91.385 mochilas escolares más el material respectivo y los pagos deben realizarse recién una vez que se concluya la dotación, según el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Jorge Ibáñez.

El 10 de abril, el alcalde José María Leyes instruyó a la Secretaría Administrativa y Financiera la suspensión del pago a la empresa en tanto concluyan las investigaciones del caso y aclaró que la Alcaldía no pagó “ni un solo boliviano”.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina y el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, denunciaron penalmente a Leyes por presunto sobreprecio y favoritismo a la empresa que se adjudicó la entrega porque habría conocido los términos de contratación antes del lanzamiento de la licitación.

Ibáñez enfatizó que el contrato por la compra de productos establece que se paga cuando se entrega la totalidad del producto, de acuerdo con el Decreto Supremo 181 de Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios Contrataciones.

“Falta entregar (mochilas). Creo que a tres establecimientos que quedan. No se ha terminado (...). Tenemos una lista. Se entrega alumno por alumno en cada unidad educativa. El colegio certifica que se ha entregado en conformidad, eso entra a las planillas y, al final, se hace el acta de recepción definitiva, y se realiza la liquidación”.

Acotó que incluso toma un tiempo hasta emitir el cheque. Argumentó que procesar más de 91 mil nombres demora. La entrega inició en febrero, siguió en marzo y parte de abril.

“Se está terminando. La concejala (Molina) se anticipó. Antes de que terminemos ha hecho la denuncia, sin que haya pago”.

Existe un contrato firmado entre la sociedad accidental y el Alcalde en el que se fijan montos. Pero, Ibáñez aseguró que no debería existir procesos porque no se erogaron recursos económicos.

“Todo este armazón, constructo jurídico tiene como esencia un elemento, el sobreprecio (...). No hay conducta antieconómica si no hay dinero de por medio. Tampoco hay enriquecimiento ilícito si no hay plata entregada. No hay contratos lesivos al Estado si no se dispuso recursos económicos”.

La concejala expresó que la Fiscalía debe seguir con la investigación.

“Denuncié tráfico de influencias porque una empresa pudo comprar (el material) cuatro meses antes, incumplimiento de deberes y daño económico porque considero que hay sobreprecios”.

El director de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, César Romano, aclaró que “cuando se pone a conocimiento del Ministerio Público una denuncia penal, esta no puede ser suspendida ni paralizada bajo ninguna forma”, según ABI. Acotó que Leyes reconoció irregularidades al anunciar una investigación de ese proceso. El Alcalde instruyó una investigación a la Unidad de Transparencia.

“Un proceso que ya ha sido firmado en el contrato el 26 de enero del año 2018 tenga que tomar una retrospectiva del pago del monto de dinero, constituiría un reconocimiento implícito de la responsabilidad penal que se ha generado en este proceso”. de contratación"

El alcalde Leyes cuestionó a las autoridades del MAS. “Han afirmado que la Alcaldía habría pagado más de 12 millones por las mochilas, el Vicepresidente, el Ministro de Justicia y otros masistas. Lo cierto es que la Alcaldía no ha pagado ni un solo boliviano. Estas personas le han mentido a Cochabamba”.

Importación por Bs 2.7 millones
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, confirmó ayer que las mochilas y materiales escolares adquiridos por la Alcaldía de Cochabamba por más de 12 millones de bolivianos, fueron importados por un valor total de solo 2.7 millones más impuestos, según ABI.

La concejala Rocío Molina denunció el 2 de abril la supuesta comisión de un sobreprecio y expuso documentos de importación y facturas de compra en China.

Coincidiendo con la denuncia, Ardaya dijo que 92 mil mochilas escolares fueron importadas por 1.9 millones de bolivianos.

Precisó que el valor unitario de cada mochila fue de 11.36 bolivianos para el nivel “escolar” y 12.37 bolivianos para primaria.

Agregó que la inversión para cada mochila, más el material de escritorio (tajador, goma, lápiz, plastilina y agendas), fue de 22.78 bolivianos para “escolares” y 31.70 para primaria.

Dijo que la mochila escolar y el material de escritorio fueron importados por diferentes personas jurídicas, pero con un solo domicilio fiscal, por lo que se presume que se trata del mismo importador.

Según el contrato, la Asociación Accidental 26 de Febrero se conformó con dos socios.

Ardaya puntualizó que la factura comercial de las mochilas, es decir su data de compra, es del 7 de noviembre de 2017 y la del material escolar el 16 de agosto de 2017, ambas antes del lanzamiento de la licitación que se hizo a fines de noviembre.

El Ministerio Público admitió la demanda penal presentada contra el alcalde José María Leyes por un supuesto sobreprecio de 10 millones de bolivianos en la compra.

Apuntes

Los delitos

La concejala Rocío Molina y el viceministro de Transparencia Diego Jiménez denunciaron al alcalde José María Leyes por seis delitos:

* Uso indebido de influencias

* Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

* Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

* Incumplimiento de deberes

* Contratos lesivos al Estado

* Conducta antieconómica

El secretario de asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Jorge Ibáñez, sostuvo que el proceso libera Leyes porque tampoco es quien elabora el Documento Base de Contratación.

Otras autoridades

Jorge Ibáñez manifestó que la hipótesis de un pago irregular, “que no se dio”, hizo que otras autoridades utilicen la misma versión: el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez; y hasta el vicepresidente Álvaro García Linera.

Denuncia “artesanal”

Para Ibáñez, la denuncia de la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina es "muy artesanal". Agregó que ella sería responsable civil, por los daños que puedan emerger, y penalmente si es que es falsa. La concejala resaltó que solo cumple su función de fiscalización y que el proceso debe continuar.

Según Ibáñez, sería ilícito seguir porque, al no haberse realizado ningún pago, se trataría de un caso de “persecución indebida”.

Concejales orureños exigen investigación

Está pendiente un proceso contra el alcalde de Oruro, Edgar Bazán. Erbol publicó ayer que un grupo de concejales de esa ciudad llegó a La Paz para pedir a las autoridades que, como ocurre en Cochabamba, se acelere la investigación por un presunto sobreprecio en la compra de mochilas chinas de parte de la Alcaldía de Oruro. Existe una denuncia de septiembre de 2017 que no avanzó.

El concejal David Choque explicó que el municipio compró 40 mil mochilas chinas para 2016 y que cada una fue importada a 35 bolivianos, pero el municipio pagó 80.

El director de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, César Romano, manifestó que se verificará el tema “de manera objetiva”, según ABI.