Comisión irá a Brasil y excluye a expresidentes de investigación

La comisión conformada por la Asamblea Legislativa que  indagará  el caso Lava Jato  recopilará datos  en Brasil con el objetivo de   establecer si hubo sobornos de empresas de ese país a funcionarios bolivianos   para adjudicarse proyectos, pero se descartó de inicio  una investigación a  expresidentes.
 
El  vicepresidente, Álvaro García Linera,  aclaró que no se averiguará sobre el accionar  de  exmandatarios, sino a los servidores que hubiesen  recibido comisiones para beneficiar a constructoras brasileñas.

“La comisión tendrá que viajar a Brasil, ojalá que pueda entrevistarse con el autor de las notas y preguntarle quién es C. G., quién  es C. M. Según los cuadernos que se han hecho públicos, habrían recibido dinero de la empresa Camargo Correa, entonces, la comisión tiene que hacer el trámite oficial de pedir la información y, si es posible, entrevistarse con las personas detenidas y con los que hubieran sobornado”, indicó.

Con relación a las pesquisas, el Vicepresidente desestimó que los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé sean investigados por esa instancia.

“El objetivo no es investigar presidentes, sino quiénes fueron los funcionarios que fueron sobornados y a ellos caerles con todo el peso de la ley”, remarcó.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa  afirmó que la base de la investigación es un informe de la justicia brasileña, en el que se menciona el cuaderno de uno  de los implicados en el pago de comisiones, que apunta a funcionarios bolivianos que habrían recibido dinero de empresas del país vecino, para beneficiarse con la adjudicación de obras.

“Esa es la fuente de la investigación, denuncias concretas de soborno hacia funcionarios que hubieran recibido (pagos) en la adjudicación de la carretera Roboré-El Carmen. Agarramos esa información que viene de la justicia brasileña y creamos la comisión en torno a este tema”, aclaró la autoridad.

García Linera también subrayó que sólo se indagará  la adjudicación de proyectos carreteros de las  gestiones 2004, 2005 y 2006, citadas en las notas del detenido en Brasil, y no así los contratos suscritos con  OAS en la actual administración. “Si en el tiempo vuelven a surgir  revelaciones de nuevos nombres, por supuesto que la comisión puede investigar y ampliar su trabajo hacia otras áreas. Hoy nos vamos a concentrar en la denuncia que llega de la justicia brasileña en torno a estos nombres que hubieran recibido un soborno acá en Bolivia de la gestión 2004 a 2006”, recalcó.

El viernes, Página Siete informó de la existencia de un documento   que revela el pago de dos comisiones a la gerencia  del ex   Servicio Nacional de Caminos (SNC), hoy la ABC.
 
Se exigirán  resultados en seis meses

Plazo El Vicepresidente aseguró ayer que la comisión encargada de investigar los presuntos cobros de comisiones de constructoras brasileñas deberá entregar resultados en seis meses. “En un plazo de seis meses que nos dé un resultado concreto de quiénes son los funcionarios que fueron sobornados para la adjudicación de esta carretera”, manifestó.
Tareas “El propósito es investigar qué indicios y pruebas hay sobre sobornos a servidores públicos o políticos que hayan aparecido en el marco de estas investigaciones internacionales y, si eventualmente se diera con algunos autores de estas actuaciones irregulares, remitirlos a la Fiscalía”, dijo el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, sobre la comisión.
Mayoría masista en instancia legislativa; UD indagará por su cuenta

De los seis legisladores que fueron designados para conformar la comisión mixta del Legislativo que  investigará los presuntos vínculos de funcionarios bolivianos con el caso Lava Jato, cuatro son del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las diputadas Susana Rivero y Betty Yañíquez, además de los senadores Adriana Salvatierra y Miltón Barón, todos masistas, figuran como integrantes de la comisión de la Asamblea.

Mientras que por parte de la oposición sólo fueron incluidos el senador Víctor Hugo Zamora, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el diputado Norman Lazarte, de Unidad Demócrata (UD).

El lunes, políticos de oposición exigieron que la comisión esté integrada por una mayoría de legisladores de partidos que no sean afines al Gobierno.

Sin embargo, en la sesión que se llevó a cabo ayer,  en UD no hubo coincidencias sobre este tema, de modo que la mayor parte de los integrantes de esta bancada se negó a participar de la conformación de la comisión.

En ese sentido, el senador Arturo Murillo informó que la bancada de UD tomó la decisión de realizar una investigación paralela del caso, que incluye a OAS.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, sostuvo ayer en Palacio que la comisión mixta de la Asamblea Legislativa tiene la misión de investigar a los funcionarios de las empresas estatales que, de acuerdo con la justicia brasileña, habrían recibido pagos de parte de empresas de ese país, para adjudicarse obras.

El proyecto carretero que dio lugar a la investigación es el de la ruta Roboré-El Carmen, que fue adjudicado a la empresa brasileña Camargo Correa. Además de ésta, se sabe que al menos otras seis obras fueron entregadas a constructoras de Brasil.