Cívicos ratifican paro el 21-F y dejan a regiones la contundencia de
la medida

Sectores afines al MAS priorizarán el ampliado de la COB, que será entre el 18 y el 25 de febrero en Santa Cruz. El líder cívico de Cochabamba dice que el sector transporte pesado se sumará a la protesta

Efusivos y confiados estaban los dirigentes sentados delante de dos estandartes algo viejos. Los cívicos del país ratificaron ayer en Cochabamba el paro nacional el 21 de febrero. Hay certeza por la decisión, pero dejan en manos de las regiones la contundencia de la medida dos años más tarde de la negación popular contra la repostulación de Evo Morales. El día del paro, la Central Obrera Boliviana (COB) estará en pleno ampliado con la intención de solucionar sus diferencias internas. 
 
Estaban todos los cívicos, menos los de Chuquisaca, Pando y Beni. Pero igual participaron vía telefónica de un rato a otro. La Paz es caso aparte, ya que existe paralelismo en esta organización; sin embargo, ayer estaban dos representantes: uno de La Paz y otro de El Alto. Las demás regiones estuvieron representadas por sus máximos dirigentes.

Arribaron de a poco. No fue fácil llegar a Cochabamba para algunos, como el líder cívico de Potosí, Jhonny Llally, quien viajó en bus desde su región. No lo hizo así Fernando Cuéllar, de Santa Cruz, que llegó a la Llajta con todo su equipo de colaboradores vía aérea. Mientras esperaban, los que llegaron primero ya daban por hecho el paro del 21 de febrero, pero había una duda: cómo ser contundentes en las nueve regiones. Ahí, La Paz juega un papel clave, que por el momento no lo quiere hacer.

“Acá están los representantes de La Paz y El Alto, y está el compromiso de ellos de trabajar. Tenemos la seguridad, porque este no es un paro de los comités cívicos, es un paro del pueblo boliviano, que ha pedido esta medida y que pide el derecho de vivir en democracia”, dijo Cuéllar.
Mientras, el líder cívico de Cochabamba, Juan Flores, dejó en manos de cada región el éxito de la medida y señaló que el 14 de febrero se desarrollará una reunión en La Paz para evaluar avances y afinar estrategias.

“Sabemos que La Paz es importante, pero hay organización en cada región. Acá vemos representantes de cada región y estamos seguros que avanzarán en la organización”, detalló Flores.

Los cívicos descartaron ayer la marcha hacia la sede de Gobierno y se enfocan más en el paro de actividades, con bloqueos de caminos, el 21 de febrero.

Sin problemas
Tarija y Potosí no tienen inconvenientes para organizar el paro; es más, el reto les atrae. Llally está seguro de que su región será contundente el 21 de febrero. “No es fácil organizar, pero la conciencia de mi pueblo está ahí, quiere democracia”, remarcó. 

Por su parte, el líder tarijeño, Juan Ramos, señaló que el paro cívico en su región “será un éxito” como las demás medidas que se desarrollaron en la capital chapaca. “Estamos seguros de la contundencia, pero por eso nos reuniremos el 14 (de febrero) en La Paz para pulir detalles”, dijo.
Mientras, los cocaleros de Chapare confirmaron que se movilizarán el 21 de febrero para defender al presidente Evo Morales y sectores afines al Gobierno esperan reuniones con sus bases para definir prioridades, aunque otros aseguran que priorizarán el congreso de la COB, que se realizará del 18 al 25 de febrero en Santa Cruz, para elegir a su nuevo secretario ejecutivo.

Los interculturales se reunirán el lunes próximo para definir cómo se movilizarán para defender al presidente Morales, así lo confirmó su dirigente, Henry Nina. El 21 de febrero habrá una pulseada de poder.    

Anuncian demanda internacional

Los exdefensores del pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena unen fuerzas y anuncian una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “violación masiva” de los derechos de más de dos millones de bolivianos que votaron por el No en el referendo del 21 de febrero de 2016.

A esta iniciativa se sumó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y su representante, Amparo Carvajal, señaló que se optó por presentar un “caso de violación masiva de derechos humanos”, porque el reglamento de la CIDH permite tratar con prioridad ese tipo de demandas.