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TSE se desmarca del 21 F y pasa la responsabilidad al Legislativo

  22 de diciembre de 2017

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, descargó la responsabilidad de velar por el cumplimiento del referendo 21 F a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a reconocer que este proceso es de carácter vinculante. Además, dijo que no se puede pronunciar sobre la legitimidad de una candidatura toda vez que no hay una convocatoria a un proceso electoral, esto en relación a la legalidad o no de una nueva postulación de Evo Morales.

La titular del TSE en su informe oral ante el pleno del Senado, se limitó a explicar las competencias que tiene el Órgano Electoral dentro de un proceso eleccionario y que las mismas se contemplan en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Régimen Electoral y que se aplicaron para la convocatoria del referendode 2016.

Dijo que el Órgano Electoral emitió la resolución 140 del 2015 para aprobar el calendario para la implementación del referéndum que administró el Órgano Electoral, el del 21 de febrero, y también establecer que los resultados tienen tres características: el primero, es la vigencia inmediata, eso quiere decir que se establecen una vez que son proclamados los resultados; carácter obligatorio, una vez que se remiten los resultados a la ALP y, por último, su carácter vinculante.

“Respecto  a la competencia del cumplimiento que también se consulta, es el ente Legislativo a quien se ha remitido los resultados, que debe garantizar su carácter de cumplimiento obligatorio, así como los diferentes órganos del Estado y la ciudadanía en general”, dijo.

Habilitación de candidatos

En el proceso de la réplica, el senador Edwin Rodríguez (peticionario) manifestó su descontento  ante las repuestas emitidas por la presidenta del TSE, por lo que demandó a Uriona, ante los resultados del 21 F, indique de manera sencilla si con la acción ante el TCP, que definió la reelección, las máximas autoridades del país pueden repostular, toda vez que sus respuestas son ambiguas.

Uriona, respecto al tema de la habilitación para las elecciones del 2019, dijo:  “Queremos hacer referencia a lo que se ha expresado en el informe, que la Ley Electoral y la norma básica establece que las condiciones para la elegibilidad y la accesibilidad a los cargos públicos van a activarse en el TSE con la aplicación de la convocatoria”, esto quiere decir 150 días antes de un proceso electoral.

“Cuando se plantea cuál es la competencia del Órgano Electoral, lo que establece la Ley 026 también es que el órgano activa su competencia y no puede prejuzgar mientras no exista un caso particular y mientras no exista una convocatoria en curso. Es clara la ley cuando establece que será la convocatoria, una vez que ésta se active, la que permitirá definir la valoración respecto a las candidaturas que se presenten. Emitir un criterio previo sería de carácter que además puede inhabilitar la acción de la propia Sala Plena”, señaló.

En ese resumen, dijo que su labor se inició en concordancia con la CPE y  la Ley Electoral, cuando la ALP remitió una convocatoria al referéndum constitucional aprobatorio “para que el pueblo apruebe o rechace la reforma del artículo 168”.

El senador Rodríguez lamentó que el TSE sea “ambiguo” y  “postergue” su respuesta .

 

CRONOLOGÍA

El No se impuso en el referendo del 21F. La consulta nacional del 21 de febrero de 2016 sobre si el soberano está de acuerdo con modificar el artículo 168 de la CPE tuvo como resultado la victoria del No con 51,3% frente al 48,7% que votó Sí.

El Congreso del MAS no aceptó resultado. El Congreso Ordinario del MAS de diciembre de 2016 desconoció los resultados del referendo del 21F y planteó 4 vías para lograr la repostulación de Evo Morales.

TCP habilitó la repostulación en polémico fallo. El 28 de noviembre, a dos semana de terminar su gestión, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 0084 que habilitó a todas las autoridades a repostularse indefinidamente. La decisión causó una serie de protestas en todo el país y la convocatoria a un paro nacional el 21 de febrero de 2018.







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