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Bolivia indemnizará con $us 23 millones a Abertis

  12 de mayo de 2017

Con la firma de un “acuerdo transaccional definitivo”, por un monto de $us 23 millones de indemnización, el Gobierno saldó la controversia con la empresa española Abertis, por la nacionalización en 2013 de la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), que administraba los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El acuerdo se zanjó ayer jueves entre el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, por parte del Estado boliviano, y el secretario general de Abertis, Josep María Coronas, y el director de Relaciones Internacionales, Sergi Loughney, que se dieron cita en oficinas del aeropuerto de Cochabamba.

El acto de suscripción del acuerdo final contó también con la presencia del embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.

Reducción de la demanda
“El Estado boliviano ha reducido un 74% el monto de la demanda. El Estado no va a pagar, absolutamente, ningún interés, no va a pagar ningún tipo de penalidad y va a cumplir con sus compromisos internacionales”, aseguró el procurador, en una conferencia de prensa, según la agencia EFE.

Abertis había reclamado a Bolivia, en un proceso arbitral,  el pago de $us 85,5 millones, pero en las negociaciones se logró un convenio por el 26% de ese monto.
Menacho manifestó que el acuerdo cancela el arbitraje iniciado por Abertis, pero sobre todo, el Estado consolida su derecho propietario sobre el patrimonio aeronáutico y aeroportuario boliviano.
Por su parte, el ministro Claros, dijo que el Gobierno del presidente Evo Morales hizo un análisis técnico y legal para tomar esa decisión y ha emitido los decretos para avalar el acuerdo alcanzado.

En Sabsa están conformes
Por su parte, el secretario general de trabajadores de Sabsa, (2015) Alfredo Chávez, expresó su disconformidad con el acuerdo porque la empresa española se hizo cargo de tres aeropuertos con un capital de Bs 26.000 y un contrato lesivo al Estado. Sin embargo, dijo estar conforme en parte, ya que se preveía un horizonte económicamente más oscuro para los intereses del país.

“La explicación del ministro (Claros) es que en el proceso de arbitraje el Tribunal Arbitral podía haber dictado un monto mucho más elevado. Desde ese ángulo, el Estado está cuidando la economía y un arreglo de ese tipo es mejor que ir al tribunal”, dijo. 







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